El Código Compliance en las empresas ante el delito fiscal
El artículo 305.1 del Código Penal sanciona a quien por acción u
omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local,
eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido
retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando
beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota
defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de
las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados
exceda de ciento veinte mil (120.000 €)
Euros,
salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del
apartado 4 del presente artículo.
Para la consumación de este
ilícito penal se exige que la defraudación a la Hacienda Pública se cometa en una cantidad
superior ciento veinte mil (120.000 €) Euros,
y que la conducta del infractor tanto activa como omisiva, se realice mediando dolo, lo que significa que el delito se debe cometer voluntariamente y a sabiendas de su ilicitud.
Para determinar la cantidad defraudada se debe estar a la cuantía en cada período impositivo o de declaración.
Por lo que se refiere a la pena
prevista en el tipo básico del delito
fiscal, cabe distinguir entre si el sujeto infractor es una persona física
o si es una persona jurídica (como por ejemplo una sociedad mercantil o empresa), de
manera que:
Si
el infractor es una persona física la pena a imponer será la de prisión de 1 a 5 años, multa desde el 100% hasta el 600% de la cantidad defraudada, y la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios
o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
Pero si
el sujeto infractor es una persona jurídica (como por ejemplo una sociedad mercantil
o empresa) la pena a imponer según el
artículo 310 bis del Código Penal, será
de multa desde el 100% hasta el 200%
de la cantidad defraudada, la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años, e incluso otras penas
como:
o
Disolución
de la persona jurídica (como por ejemplo una sociedad mercantil o empresa).
o
Suspensión
de sus actividades por un plazo de hasta cinco años.
o
Clausura
de sus locales y establecimientos por un plazo de hasta cinco años.
o
Prohibición
de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito.
o
Intervención
judicial para salvaguardar los derechos de los acreedores por el tiempo que
se estime necesario.
Asimismo, hay que subrayar que el tipo básico del delito fiscal prescribe
a los cinco (5) años desde la fecha de su consumación, es decir, desde el día
siguiente de la fecha de finalización del período voluntario de declaración y/o
de pago.
En Qualitas Lex Consulting nos ponemos a tu disposición para diseñar y
ayudarte a implementar con eficacia tu propio Código de Compliance, que atienda
a los riesgos reales de tu actividad y a las distintas áreas de negocio de tu
empresa inclusive el área fiscal y tributario.
By Sergio Gayoso Merino
10.12.2017
